La investigación que comenzó a sustanciarse a principios de octubre de 2018 cuando un muy atento efectivo de la Policía de Entre Ríos “observó” movimientos extraños en un cajero automático –vio personas retirando dinero- y avisó a sus superiores, dando lugar a una megacausa que desde aquel momento tiene en jaque al sistema político provincial, exhibió desde su inicio un marcado direccionamiento.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) puso la lupa sobre los sospechosos relacionados con las gestiones justicialistas, a pesar de que el mecanismo de contratos de obra era utilizado tanto por el oficialismo como por la oposición en las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia. El período en el que supuestamente se robaron millonarias sumas de dinero comprende la década 2008-2018, pero no para ambas cámaras: en la de Diputados se cayó un ejercicio. Se trata del período 2007-2011 cuando el tres veces gobernador de la provincia, Jorge Busti, estuvo al frente de la Cámara Baja. A pesar de que no existiría la documentación imprescindible que acreditaran los movimientos económicos en el período de marras, el órgano responsable de la persecución penal, no ha iniciado acciones de oficio para determinar la razón de tan inexplicable falta.

El direccionamiento también se pudo observar con los pedidos de prisión preventiva para un grupo de imputados, entre los que se encontraba Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, los detenidos en el cajero automático y una decena de personas. El festival de prisiones preventivas sólo para aquel grupo, confirmadas por todas las instancias procesales por los aludidos riesgos procesales, tuvo su límite con la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Desde 2018 hasta la fecha no se conoció ninguna denuncia de los aludidos riesgos de intento de fuga y entorpecimiento de la investigación. Asimismo, los fiscales pudieron realizar su labor sin que se informara de ninguna anomalía durante la investigación que les impidiera realizarla.

La prisión preventiva no alcanzó a Juan Domingo Orabona, un hombre de Concordia de muy buena relación con el gobernador Gustavo Bordet, a pesar de que la imputación sostiene que la ilegal actividad habría comenzado con la llegada de aquel a la Casa Gris. Tampoco afectó a Pedro Opromolla a pesar de que se le atribuye igual presunta conducta que los integrantes del estudio contable Asesoría Integral, al que Fiscalía le atribuye el indispensable asesoramiento técnico para llevar adelante la maniobra durante una década. Opromolla compartía un contrato de fideicomiso con la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y compartía espacio en el estudio con el esposo de la funcionaria, Sebastián Orlado Bertozzi. Esta relación le valió un pedido de jury que aún no tuvo acogida en los organismos correspondientes.

Por el lado de las defensas también hay quejas respecto de presuntos direccionamientos. Aunque por motivos distintos. El lamento de un grupo de defensores –vinculados a Juntos por el Cambio y la UCR- es que la investigación no es rigurosa porque deja de lado a quienes eran autoridades de las cámaras en el período investigado, dando por hecho que el ardid existió. También sostienen, estos, que los contratos son “truchos”, calificación que signó la comunicación de todos los actos procesales. A pesar de estar en la misma “vereda”, están los defensores que sostienen que los contratos son legales y no hubo delito. Son defensores vinculados con el justicialismo.

Aquellas diferencias quedaron expuestas en los argumentos con los que las defensas recusaron a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que no prosperaron. Los primeros cuestionaban a los funcionarios porque “no se ha hecho el menor esfuerzo tendiente a investigar a esas altas autoridades políticas de las respectivas cámaras, lo que demuestra no sólo la falta a dicha norma, sino también un grado de complicidad con el propio supuesto delito que se encuentran investigando, de acuerdo a su propia postura sobre el caso”, lo que entendieron como “una inconsistencia de toda índole de parte de ambos funcionarios imposible de explicar”.

Los segundos sostuvieron que “el MPF argumenta que los contratados, sabían que el dinero era sustraído al estado, participaban de la maniobra suscribiendo los contratos, presentando mensualmente las facturas, retirando mensualmente los cheques, cobrándolos, “quedándose” con un porcentaje, etc…. así todos los meses durante más de diez años, según el MPF… y no los acusa, ni siquiera los investiga”. También cuestionaron, sin éxito, que “resulta inadmisible que el MPF diga que luego de casi tres años de investigación no pueda saber quien firmó los contratos, siendo que cuenta no solo con los contratos, sino con toda la documentación necesaria al respecto. Es más, hay ex diputados que han reconocido en entrevistas ante los Señores Fiscales que firmaron contratos”.