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En la historia institucional de nuestra provincia, creo que habrá un antes y después del Jury a la entonces Fiscal Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

El discurso defensivo de la ex Fiscal hizo a un lado la institucionalidad e instauró, por un lado, aquellos que luchan contra la corrupción y por el otro, la política. Este hecho habilitó, entre otras cosas, que innumerables fiscales salieran a sostener públicamente, y en algunos casos, en audiencias públicas dentro del recinto judicial, ese discurso político.

Todo hecho jurídico político posterior al jury necesariamente pareciera que tiene que referenciarse a la grieta. Todo lo que se quiera hacer, es sospechado de amparar la corrupción. En este contexto, es que se debe analizar las reformas al Consejo de la Magistratura y Fiscalía Anticorrupción. No obstante, lo llamativo es que el argumento central del jury a Goyeneche por parte de los Dres. Mulet y Paglioto se centraban en que la investigación de los contratos de la legislatura, estaba limitado por un acuerdo de impunidad, pero ella se presenta como la luchadora contra la corrupción.

Acto seguido, el discurso político del goyenechismo contra la política necesitaba un enemigo interno que permitiera aglutina y tensar las fuerzas internas constantemente: el STJ. El discurso goyenechista luego de perder las elecciones en la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, se pudo rearmar sobre la base de un eje, socavar la legitimidad de las sentencias y decisiones del STJ.

En esta línea, diría luego el Diputado Esteban Vittor en el recinto del martes pasado en ocasión de tratarse el proyecto de reforma del CM, “los miembros del STJER, únicos funcionarios de la justicia entrerriana que acceden al cargo sin concurso, y paradójicamente, van a estar resolviendo en forma definitiva un concurso de magistrados”, y luego la misma Ex Fiscal en una entrevista al otro día dice, “el STJ es parte del sistema político”. Aquí se observa la construcción de un nuevo sentido común local, los que no ingresan por concurso no tienen legitimidad para decir ni hacer, por lo tanto, el STJ dicta sentencias políticas, no jurídicas.

Pero también a esta pelea contra STJ se suma el Colegio de la Abogacía, la Asociación de Magistrados y el Sindicato de Empleados Judiciales, que el jueves sacaron un comunicado durísimo contra la reforma del CM. Un analista me señaló que “fíjate que en el debate legislativo del martes, el oficialismo sostenía que hubo consenso, en cambio, la oposición señalaba lo contrario. En este sentido, se puede entender el posterior comunicado conjunto, como una suerte de corregir lo que se dijo y tomar postura definitiva a favor del goyenechismo”.

En la reunión de comisión de asuntos constitucionales hace un mes, cuando se discutía el proyecto de reforma del CM, el propio Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Mariano Churruarin, señaló: “a cada lugar que he ido, me elogian cada vez que me reciben, la composición es única y ha funcionado bien”, en este sentido se entiende, porque luego el Diputado de la oposición Julián Maneiro diga en el recinto el martes pasado, “el Presidente del Consejo de la Asociación de Magistrados dijo, dejémoslo como está”. Este hecho, parece ser que el goyenechismo penetró en los funcionarios del oficialismo, dato no menor. Algunos sostienen que las diferencias se discuten puertas adentros antes de definir un proyecto, porque ello expone a la conducción, en cambios otros, alegan que ello es una forma de conducción política.

Al final de cuentas, no se ha discutido ni puesto de relieve todo la rosca política del CM, la falta de control, el incumplimiento de la ley actual al momento de designar los consejeros, incluso, uno de los consejeros fue denunciado ante al Consejo de la Magistratura Nacional, entre otros. El único objetivo del discurso del goyenechismo es que no se toque la ley CM y que no cumpla su función el STJ. Tal vez, sea como dijo en una columna de opinión uno de los consejeros denunciados da a entender que solo quien conoce y comprende el derecho puede elegir a los magistrados, excluyendo a quienes pueden valorar, esos que pueden solo valorar el derecho (pueblo), solo puede integrar juicio por jurados, pero que ni se les ocurra elegir magistrados.

La disputa del sentido común local está en juego, y digo local selectivo, porque solo se aplica a las instituciones entrerrianas selectivamente, porque al final de cuentas, el goyenechismo aún levanta la bandera de la fe en una Corte Suprema, en el que dos de sus miembros ingresaron por decreto, y todos ellos sin concurso. Y selectivo, porque nada se dice de las designaciones sin concurso de las cabezas del Ministerio Publico de la Defensa y Fiscal.

Tal vez sea como me dijo una fuente judicial, “los concursos son también rosca política, todos los saben, solo que ahora, la han logrado monopolizar un grupito reducido de operadores que no quieren resignar ese poder, fíjate que nadie dijo nada de otros proyectos, ni el de la Fiscalía Anticorrupción, el tema está aca, y en esa estrategia, es funcional etiquetar como enemigo al STJ. Tampoco es menor, que el actual Presidente de la Asociación, también se oponga rotundamente a cualquier reforma, cuando el mismo, está transitando su concurso para Vocal de Cámara”.

Al final de cuentas, en el caso que se aprueba la ley de reforma del CM, el diputado Vittor ya dijo: “vamos a propiciar la derogación de esta norma”, frase a la que adhirió también Maneiro, lo que, eventualmente, si llegara a ganar el candidato de la oposición el 2023, ya se sabrá cual será uno de los primeros proyectos a presentarse.

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